La situacion de las putas de Barcelona

El Estado español se encuentra en una situación de alegalidad en cuanto a la prostitución. La prostitución no es ilegal en España siempre que lo ejerza una persona adulta y por voluntad propia, y los únicos límites que presenta esta práctica es en los lugares donde se puede llevar a cabo. La ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como ley mordaza) sanciona a todos aquellos que mantengan servicios sexuales (o los soliciten) en zonas de tránsito público o destinados al uso de menores (como parques). Estas sanciones oscilan entre los 600 y los 30.000 € para los clientes, y de los 100 a los 600 € para las personas que se prostituyan. En Barcelona, por ejemplo, desde el 2012 que está prohibido ejercer la prostitución en la calle.

Ada Colau está moviendo hilos para regular las putas de Barcelona, hecho que todavía atraería más tránsito sexual a la capital catalana. Según el consistorio barcelonés no se trata tanto de legalizar la prostitución, sino de estar en sintonía con los colectivos que están a favor de una regulación, que reivindican los derechos laborales como trabajadoras autónomas y libres, que buscan más seguridad y que no aceptan las ordenanzas que las multan para intentar captar clientes en la calle.

La prostitución como problema social

Lo que sí que es considerado ilegal es el proxenetismo y el tráfico de personas. Se desconoce la cifra exacta, pero se calcula que el 80% de las prostitutas de España ejercen en contra de su voluntad. Según la Policía Nacional, el negocio del tráfico de mujeres genera unos cinco millones de euros diarios.

Por este motivo hay tantos movimientos que luchan por la abolición de la prostitución porque la relacionan con la máxima expresión de la violencia machista contra las mujeres, y por eso, igual que la ley francesa, piden que se persiga el cliente y no la prostituta.

Lucha de mujeres

Para combatir la postura de Colau y luchar contra la prostitución, el Movimiento Democrático de Mujeres (MDD) organizó una recogida de firmas en contra de la regulación de esta práctica. Cuatro alcaldesas del área metropolitana, Núria Parlon, Núria Marín, Mercè Conesa y Lluïsa Moret (Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès y Sant Boi de Llobregat, respectivamente), han apoyado a esta iniciativa y han firmado un manifiesto de rechazo hacia la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, puesto que ven la prostitución como fuente de esclavitud, de explotación y de violencia para someter a las mujeres.

El principal argumento en contra del tráfico sexual es que si hay, es porque hay prostitución (del mismo modo que si había esclavitud, era porque había esclavos), y regular esta profesión es hacer la voluntad de los proxenetas, que tendrán carta blanca para justificar que hay que aceptar la prostitución como una salida laboral por las mujeres pobres.